A comienzos del siglo veinte, durante los gobiernos del partido conservador, imperaba la visión de sociedad asentada en los principios cristianos, hispanistas y tradicionales. No imperaba el oscurantismo, como muchos pretendían y la mayoría de estos mandatarios modernizaron la economía del país, pero creyendo que estas reformas se lograrían manteniendo intactas las antiguas estructuras sociales, de lo cual se derivó la pérdida de su hegemonía. Durante 46 años los conservadores controlaron las riendas del poder, periodo que se conoce en la historia de Colombia como la Hegemonía Conservadora y a su amparo, la Iglesia Católica se mantuvo como el poder ‘detrás del trono’. A pesar de las reformas que le hicieron al Concordato celebrado entre el gobierno de Colombia y la Santa Sede en 1887, el Congreso lo aprobó como ley de la república en 1888 cuando ya estaba en vigor la Constitución del 86 y que mantenía muchos de los privilegios que se le habían otorgado ancestralmente a la Iglesia. Por esta razón, muchas de las actividades de los poderes públicos eran controvertidas, por no decir que previamente consultadas y debidamente aprobadas por ésta. Desde los púlpitos o en sus cartas pastorales, párrocos y obispos llamaban al pueblo conservador a votar y apoyar los candidatos del partido azul, e incluso invitaban y azuzaban a sus feligreses a atacar a los liberales a quienes consideraban anticlericales, ateos y masones. Era tal el poder de la Iglesia, que los candidatos a la presidencia debían contar con el visto bueno del entonces Arzobispo Primado de Bogotá, cuando aún no se tenían Cardenales, como representantes del poder temporal de la Iglesia en muchos de los países americanos. Igual sucedía con todos los demás candidatos a nivel local y regional que debían lograr el visto bueno de la respectiva curia, que se aseguraba que el nombre seleccionado fuera católico practicante y mantuviera el compromiso de preservar los principios cristianos durante su gobierno.

Razones como las anteriores, fueron motivo de muchos de los enfrentamientos que surgieron con los partidarios del partido liberal, quienes principalmente hacían oposición desde las tribunas de los medios que tenían, con mucha dificultad, a su disposición y que eran atacados, con más frecuencia de la habitual, por sus posiciones contrarias que buscaban el progreso y bienestar de la población menos favorecida.

Las reivindicaciones laborales, salariales y sociales en general, siempre eran apoyadas por los seguidores del partido de la oposición, aunque ello degenerara en conflictos como los que vamos a tratar en la presente crónica. Transcurrían los años de mediados de 1920 y se encontraban en plena efervescencia las reclamaciones obreras en el mundo occidental, luego de las contiendas del viejo mundo y la irrupción del comunismo como nueva ideología que buscaba expatriar las antiguas prácticas feudales que aún se aplicaban en ciertos países. Colombia, apenas se iniciaba en las modernas prácticas democráticas a pesar del lastre que arrastraba desde comienzos de su independencia. Cúcuta era entonces una pequeña población fronteriza que apenas rondaba los cuarenta mil habitantes pero que tenía una gran actividad empresarial, debido al intercambio comercial que le procuraba tener una vía expedita al exterior y por la misma vía, traer mercancías que eran repartidas en todo el territorio nacional, situación que servía para surtir los comercios que ofrecían sus mercancías a los visitantes venezolanos. No solamente se había desarrollado el comercio, también la industria manufacturera y los servicios que fueron instalados aprovechando la reconstrucción de la ciudad después del sismo cincuenta años antes.

Una de las industrias más prósperas era la del calzado, pero no como la que conocemos hoy. La mayor cantidad de empresas, pequeñas por cierto, eran alpargaterías, es decir, talleres que elaboraban alpargatas. Esta clase de calzado que consiste en una suela de fibra natural, como algodón o cuero de animal, y que posteriormente utilizó caucho, sirviéndose de los desechos de las llantas de los automóviles, que se ajusta con unas tiras generalmente de tela. Pues bien, como sucede en la mayor parte de los negocios de este tipo, lo producido por muchos de estos talleres, era comprado por mayoristas para ser distribuido y vendido  a los grandes almacenes o a las instituciones oficiales que proveían este calzado a sus trabajadores o funcionarios, como era el caso del Ejército de la República, como se conocía al Ejército Nacional actual.

Éste, tenía incluida como parte de su dotación oficial, unos pares de alpargatas, que se les entregaban a los soldados, especialmente aquellos acantonados en los cuarteles de tierra caliente o que desempeñaran labores en las zonas rurales de la nación, por lo tanto, requería de un suministro continuo que debía ser garantizado por proveedores que tuvieran la capacidad de entregarles las cantidades solicitadas. Cúcuta, que siempre se ha caracterizado por ser una ciudad con vocación fabricante de calzado, era uno de esos proveedores en cabeza de don Daniel Ontiveros, principal empresario del sector, quien había logrado firmar un contrato de suministro por 5.600 pares mensuales de alpargatas de fique y lona. A juzgar por la cantidad del contrato en mención, puede inferirse cuánta debía ser la producción local y cuántos talleres debían dedicarse a esa actividad, amén de la cantidad de obreros y trabajadores. Al parecer, los precios del producto comenzaron a variar y el gobierno a ofrecer cada vez menos por las famosas alpargatas, lo que hizo que se produjera un movimiento de inconformidad laboral que evolucionó a huelga, cuyo principal objetivo era lograr mejores salarios. Resultado final fue la cancelación del contrato del señor Ontiveros, quien logró sin embargo, le compraran sólo para el mercado local la cantidad de 800 pares. El Ejército siguió comprando, pero en otras ciudades. Muchos talleres tuvieron que cerrar por sustracción de materia y el desempleo se hizo manifiesto.

Este acontecimiento fue utilizado por los enemigos de la oposición liberal, a la que le achacaban el origen del problema, especialmente los párrocos  que se valían de su posición y de la tribuna del púlpito para despotricar de cuantos osaban contravenir sus orientaciones católicas contrarias a esas reivindicaciones que decían, eran opuestas a la moderación y la justicia, que tan solo traían  males que siempre recaían sobre el obrero. A final de cuentas, la huelga sólo sirvió para generar una de las tantas crisis que han azotado reiterativamente la ciudad y la región.

Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com