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Viernes, 10 Marzo 2017 - 12:02am

Cuentas claras

Organizaciones como Ascamcat, por ejemplo, no se negarán a que órganos de fiscalización y control examinen en detalle sus finanzas.

Hasta que se confirmaron las sospechas: al menos en el Catatumbo, el gran auge de los cultivos de coca de los últimos años se explica en la llegada a esa zona de multimillonarios recursos financieros del Estado para erradicar el cultivo ilegal. 

En vez de erradicar los cocales, como se acordó luego del sangriento paro de Tibú en 2013, los ampliaron con la plata de todos los colombianos, hasta el punto de que hoy existen allí unas 15 mil hectáreas, y con tendencia a seguir creciendo.

Lo anterior es uno de los resultados de la inexistencia casi total de controles de las autoridades sobre toda la cadena del tráfico de cocaína. Expertos consultados por La Opinión expresaron su pesimismo y su incredulidad por el todo lo que allí sucede en relación con el crimen derivado de las drogas, sin que la autoridad actúe.

Daniel Rico, investigador de Ideas para la Paz, dijo estar sorprendido no solo por el bajo control del tráfico de insumos, sino por el bajo nivel de investigación en temas de lavados de activos, “porque uno va a esas regiones y sabe perfectamente cuáles son las familias que tienen 10, 20 y 30 hectáreas de coca…”

Detrás de lo que ocurre, los investigadores académicos ven una pluralidad de grupos legales e ilegales “que intervienen y obtienen dividendos del control de la coca”, que en algunos casos “tienen una agenda política, que no es la agenda de los campesinos”, de los que estas organizaciones, Ascamcat entre ellas, se han alzado como voceros campesinos, “con un discurso cada vez más radical”, que impide la interlocución directa del Estado con la población.

Rico sostiene que tras el paro de 2013, Ascamcat aprovechó el protagonismo político que tuvo, y que le dio recursos primando la lógica política y no los intereses de las comunidades y “otros elementos que hubiesen podido generar sostenibilidad en los procesos de sustitución de cultivos” ilegales.

Y, al parecer, la radicalización del discurso y la acción de la representación y de las familias de la coca, permitió que el dinero y otros recursos del Estado fueran a beneficiar intereses muy personales. Y, luego, “a pesar de haber recibido tantos recursos, la respuesta haya sido que se necesitan muchos más para hacer algo que no lograron en la primera instancia”.

Esto, hace imperiosa la necesidad de establecer a donde fue cada centavo, pues hay versiones que indican que líderes de algunas de estas vocerías disfrutan hoy de fortunas considerables.

Organizaciones como Ascamcat, por ejemplo, no se negarán a que órganos de fiscalización y control examinen en detalle sus finanzas. Lo mismo se espera de sus tradicionales voceros. Porque, la verdad, hasta ahora no se conoce de ninguna rendición de cuentas de ellos, en caso de que hayan manejado recursos oficiales.

Los analistas se quejan con toda razón de la falta de dinámica del estado para promover desarrollo, y “lo que uno ve es que en todo, esto pasa como si la cosa no les importara”.

Preocupa de todo esto, también, la posibilidad de que dineros del Estado se estén utilizando para organizar la pretendida Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que orientan desde Ascamcat. Y preocupa, porque por alguna razón, desde todos los niveles del Gobierno le han permitido a Ascamcat hacer en el Catatumbo lo que ha querido…

La Opinión

@laopinioncucuta

Medio de Comunicación de los nortesantandereanos.

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