Especial interés tomará por estos días la discusión que seguramente se presentará entre el significado de dos leyes de la república que básicamente advierten desarrollos económico- sociales bien diferentes.
La controversia se concentrará entre las ya reglamentadas Zonas de Reserva Campesina, ZRC y las que actualmente se gestan en el Congreso de la República y que muy seguramente se denominarán Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, ZIDRES.
Tan complejo es el asunto, que entre esas dos concepciones oscilará el péndulo de la política agraria en los siguientes años y ya veo la bancada del senador Timochenco enfrascada en duros debates con la del expresidente Uribe, pues la implementación de cualquiera de esas dos apuestas definirá de una buena forma el rumbo del país agropecuario - el cual no por disminuido - dejará de ser protagónico para el devenir de una nación que se resiste a urbanizarse del todo.
En el país se examina – y en La Habana también - sobre cuál debe ser el rumbo de una buena parte de la Colombia que aún queda por “descubrir” – terrenos baldíos o con profundos problemas de posesión – generalmente regiones marginadas y alejadas de la infraestructura pública y cuya extensión se calcula en millones de hectáreas.
Las ZRC de un lado propenden por el desarrollo de una economía campesina con seguridad alimentaria individual y modelos integrales autosostenibles, en donde se exprese protagónicamente el legado histórico de nuestros antepasados y las denominadas UAF o Unidades Agrícolas Familiares – mínima cantidad de tierra que satisfaga las necesidades de una familia – se constituyan en norma rígida de tenencia de la tierra.
De otro lado surgen las ZIDRES, que por iniciativa gubernamental actualmente analiza el Congreso, y que a diferencia de las ZRC, dejan un espacio abierto para que en regiones apartadas de los centros urbanos, en donde existan posibilidades de desarrollo económico, basados en modelos asociativos y agroindustriales de economía de escala con acceso a tecnología de vanguardia que atiendan demandas internas y de mercados internacionales, se pueda flexibilizar el uso y la propiedad del suelo.
Lo curioso para nuestro caso es que sea precisamente el Catatumbo el laboratorio simultáneo para estos dos modelos económicos que muy a las claras representan idearios político – sociales bien diferentes. El primero prioriza la identidad campesina con tenencia de la tierra como elemento determinante, mientras que el segundo reconoce lo anterior, pero identifica fortalezas de bienestar rural en aspectos claves como competitividad, incursión de nuevos inversionistas en alianzas estratégicas con el campesinado local, apertura de plazas de trabajo rural y acceso a mercados estratégicos e incursión en la economía globalizada.
De algo nos tendrá que servir las experiencias vividas por nuestros amigos venezolanos, quienes de manera frustrada quisieron “socializar” la producción nacional, incluida la tan cacareada seguridad alimentaria y hoy con inmensa tristeza reconocen que deben importar más del ochenta por ciento de los alimentos que consumen.
Nota: Al margen de quien tenga la razón, suena interesante que sea el Congreso de la República el “ring” más apropiado para tratar temas de tanta importancia para el país.
