Con un grave reporte de homicidios de defensores de derechos humanos, desapariciones, amenazas, y un aparato estatal insuficiente para atender los reclamos de las víctimas se marchó la Caravana internacional de juristas, de visita en Norte de Santander.

Tras varias reuniones con asociaciones de víctimas, académicos y funcionarios de gobierno, la conclusión de los abogados de España, Canadá, Reino Unido e Irlanda fue una: la crisis en derechos humanos no ha cambiado.

Para Mark  Cunninghman, abogado londinense, “lo más desconcertante es que siga ocurriendo el desplazamiento y una aparente inhabilidad de los gobiernos nacional y local para dar soluciones”.

“El desplazamiento es un total escándalo”, agregó.

Ole Hansen, también londinense, criticó que esta situación se dé en pleno proceso de paz, a la vez que cuestionó que haya miles de casos de restitución y reparación “que parecen no ir a ningún lado”.

“Para mí el problema subyacente es la falta de recursos del gobierno, que tiene un bajo nivel de tasación y una grave inequidad económica”, dijo.

Para Cunningham, las actuales condiciones requieren soluciones radicales.

Si bien destacó la llegada de cambios sociales a raíz del proceso de paz, porque los jóvenes y parte de la población se involucra con estos temas, así como la comunidad internacional, el éxito está en romper las barreras socioeconómicas.

“Creo que el problema es la enorme brecha por el acceso de la comunidad para tener bienestar, o participar en un proceso politico”, comentó. “Ese es el cambio real”.

Hansen coincidió con su homólogo, al decir que “las autoridades e instituciones reconocen que tienen leyes, y que han tomado decisiones, pero no son reforzadas”.

Mary Henderson, jurista irlandesa, también mostró su sorpresa por dos situaciones: una, el completo abandono del Catatumbo, y la violencia social.

“No hay acceso al agua para algunas personas en Catatumbo, no hay vías, y en general prima el subdesarrollo”, declaró, al tiempo que enfatizó la necesidad de evaluar la violencia en los municipios.

“Las cosas pueden mejorar con recursos y brindando la atención que merece la comunidad, en cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas”, expresó. “Se parte de conocer las necesidades de la gente y suplirlas. Parece simple, pero no lo es”.

Para ella, en general, hay poca credibilidad en las instituciones, “porque según la gente las cosas suenan bien en el papel pero en la realidad no operan apropiadamente”.

Por su parte, la abogada española María José López, mostró preocupación por los continuos riesgos a los que están expuestos los defensores de derechos humanos que, pese a su esfuerzo para organizarse son criminalizados.

Úrsula Urdillo, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, corroboró estos hechos, al señalar que solo este año han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos, en Tibú, Las Mecedes, El Zulia, Cúcuta y San Calixto.

Ahora, el equipo de juristas emitirá un informe general sobre su recorrido por el departamento, el cual será incluido en el reporte general del país.

“Luego, llevaremos los testimonios a organismos internacionales y seguiremos en este apoyo irrestricto a la defensa de los derechos”, puntualizó López.

La Opinión