Las mayorías del Gobierno Nacional en el Congreso de la República deberán pasar su prueba de fuego este miércoles cuando la plenaria de la Cámara de Representantes debatirá, en segunda vuelta, la reforma constitucional que ajusta las regalías, la cual se tendrá que ajustar a los cambios que ordenó la Corte Constitucional al fast track, mayor debate e incluir propuestas de los parlamentarios.

Este martes, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en compañía del presidente de la Cámara, Miguel Angel Pinto, y otros representantes de la alianza de gobierno, radicaron la ponencia de la enmienda constitucional, que busca destinar un poco más de un billón de pesos, por una sola vez, para la construcción de vías terciarias.

Cárdenas sostuvo que se incluyó una importante modificación que ayudará a cerca de 900 municipios, “entidades que en el bienio cuenten con asignaciones de inversión menores a 3 mil millones de pesos, podrán aprobar directamente los proyectos de inversión que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final, sin requerir la aprobación de un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD)”.

Explicó que se busca agilizar la aprobación y ejecución de obras locales, en 896 municipios del país, cuando estas contribuyan de manera concreta a la implementación del Acuerdo Final de paz al que llegó el gobierno con las FARC.

Explicó que este Acto Legislativo en concreto busca destinar cerca de 17 billones de pesos, durante los próximos 20 años, a la financiación de proyectos de inversión para la implementación de los acuerdos de paz y señaló que respecto a la propuesta del Gobierno Nacional, de trasladar recursos no aprobados del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación, se incluyó que los entes territoriales, titulares de los recursos, podrán decidir el monto a trasladar, sin ser menor al 60 %.

Según Cárdenas, las “gobernaciones trasladarán al menos el 60 % de los saldos no aprobados a 31 de diciembre de 2016 en el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación para destinarlos por una sola vez a infraestructura de transporte, prioritaria para la implementación de los acuerdos de paz... el monto trasladado por cada departamento para la infraestructura de transporte, se destinará en un 50 % a la asignación para la paz, que será priorizado por el OCAD Paz, el otro 50 % se trasladará al Fondo de Desarrollo Regional”.

Consideró que se le dará un vuelco a la forma como funciona el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. La propuesta plantea que el OCAD deberá elegir los proyectos mediante convocatorias públicas y abiertas, de acuerdo con los planes de desarrollo territoriales, lo que permitirá una mayor participación y acceso de la comunidad científica y académica a estos recursos.

Un 'Plan B'

De otra parte, las comisiones de paz del Congreso se reunieron para presentar una propuesta alterna, en caso de que las discusiones se demoren y se pongan en peligro los proyectos tras el fallo de la Corte Constitucional.

Al respecto, el senador Roy Barreras sostuvo que se pedirá aplicar el artículo 134 de la ley 5 del Reglamento del Congreso, que determina como regla general la votación en bloque de las distintas iniciativas.

“Cumpliendo además la sentencia C332 de 2017 anunciada por la Corte Constitucional, presentaremos en cada debate y como primera medida una proposición para que se vote en bloque cada una de las iniciativas de implementación de los acuerdos de paz, radicadas por el mecanismo de Fast Track. Será esa la primera aprobación por mayorías en cada sesión”, indicó.

Señaló también que una vez presentados los informes de ponencia respectivos y leídas las distintas proposiciones que se presenten por parte de todos los partidos, se hará una proposición para que todas ellas que no tengan aval del Gobierno o que desnaturalicen el acuerdo, -cumpliendo el espíritu de la última sentencia de la Corte Constitucional-, sean acumuladas y negadas en bloque.

Finalmente se dijo que se presentará un proyecto de ley y se solicitará mensaje de urgencia para asegurar la adición presupuestal necesaria que soporte el cuerpo de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, previstos para garantizar la seguridad de quienes hacen tránsito a la legalidad y han decidido dejar las armas para siempre.