Después de tres meses de trabajo y tras un primer balance que despertó voces de respaldo, pero también muchas críticas, la Misión Electoral Especial le entregó este lunes al Gobierno las recomendaciones finales sobre las cuales se podría estructurar una reforma política y electoral que permita hacer más transparente el sistema actual y mejorar la calidad de la democracia.

El documento, que fue puesto a disposición del presidente de la República, Juan Manuel Santos, reúne las observaciones y los cuestionamientos hechos tanto por los partidos como por las organizaciones políticas.

De acuerdo con la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, que hizo parte del equipo de expertos, el informe contiene propuestas específicas para resolver los problemas que se presentan en tres de las áreas fundamentales del sistema electoral colombiano.

El primer eje tiene que ver con el diseño de una nueva arquitectura institucional, en la que se establece la conformación de tres instituciones reunidas en un Consejo Electoral, dentro del cual se mantiene la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta última entidad se había propuesto eliminar, pero ante las críticas que generó la propuesta, se mantuvo dentro del esquema que se le planteó al Gobierno.

“El Consejo Electoral Colombiano (CEC) sería quien tiene el músculo y la capacidad de respuesta, pero además tiene la tarea de vigilancia y control supremo de la Registraduría Nacional del Estado Civil”, explicó Barrios. 

Este organismo, que reemplazaría al Consejo Nacional Electoral, sería considerado como un cuerpo colegiado compuesto por siete consejeros de diferentes profesiones, elegidos por el mismo CEC de ternas presentadas por: el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, garantizando siempre que haya, al menos, tres mujeres. 

De igual forma, se plantea la creación de una Corte Electoral, que reemplazaría las funciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Esta sería la máxima autoridad jurisdiccional en lo electoral, también estaría conformada por siete miembros y se encargaría de atender las demandas de nulidad, definiría la pérdida de investidura, así como  las sanciones disciplinarias. Igualmente, definiría asuntos como la declaratoria de pérdida y suspensión de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

El sistema electoral

El segundo eje propuesto por la Misión Especial aborda varias modificaciones al sistema electoral y, contrario a lo que habían planteado días atrás, está de acuerdo con que se mantengan las 102 curules en el Senado, pero que su elección se haga con lista cerrada.

Para la Cámara de Representantes proponen que se dé un sistema proporcional personalizado con lista cerrada y que haya un candidato del partido por departamento y por distrito. Hablan de 173 representantes, 104 por distritos uninominales y 69 por lista plurinominal.

Otra de las propuestas es que se haga segunda vuelta en la disputa por las alcaldías en los seis municipios más grandes del país, excepto para aquellos casos en los que se logre obtener  el 40% de los votos y haya una diferencia entre el primero y el segundo superior al 10%.

Financiamiento

Un tercer eje contemplado en la propuesta de la Misión Especial Electoral, que se tendría en cuenta en la próxima reforma electoral y política, es el que tiene que ver con el financiamiento de la política, aspecto duramente cuestionado en los últimos meses, por cuenta del escándalo en el que han quedado envueltas las campañas presidenciales de 2010 y 2014.

De acuerdo con Elizabeth Úngar, exdirectora de Transparencia por Colombia, en este punto se mantiene la financiación mixta con una mayor proporción estatal y se plantea una disminución de la financiación privada.

Se conservan los topes de campaña, pero se recomienda al CEC estudiar el costo real de campañas, no necesariamente para equiparar el tope con ese gasto, sino para fijar uno que promueva la rendición de cuentas más efectiva.

También se restringen los montos que pueden aportar las empresas y los individuos, para generar una menor dependencia de los candidatos con reducidos grupos de poder.