Como si fuera poco el ‘agite’ político que atraviesa el país por el escándalo de Odebrecht, las divergencias del presidente con su vicepresidente y las permanentes críticas del uribismo a la desmovilización de las Farc, el Gobierno Nacional tuvo esta semana otro logro, al unir a todos los sectores para hacerles críticas a su reforma política, que pretende le sea aprobada en el Congreso.
Es una apuesta que el presidente Juan Manuel Santos hace para reformar el sistema electoral colombiano, de la mano del acuerdo de paz que firmó con las Farc y que se viene cumpliendo en términos generales.
El miércoles, de forma sorpresiva, en la Comisión Primera de la Cámara, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enumeró ese ambicioso cambio, cuando defendía los alcances del acto legislativo que dará la institucionalidad al partido político en el que se convertirán las Farc.
Mandato presidencial de cinco años, eliminación de la Vicepresidencia de la República, voto obligatorio por dos ocasiones, habilitar el sufragio desde los 16 años, son algunas de las propuestas que el Gobierno espera tramitar por la vía rápida del mecanismo legislativo especial o ‘fast track’, como también por reforma constitucional ordinaria.
La vía rápida fue aprobada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional el año pasado, con el fin de tramitar y aprobar las enmiendas constitucionales y leyes que se requieran para la implementación de los acuerdos de paz.
También sorprendió el gobierno con este paquete de reformas, porque hace apenas un mes instaló, en la propia casa de Nariño, la Misión Electoral Especial, la cual se encargará, justamente, de presentar las reformas necesarias para modernizar el sistema electoral en el marco del contexto de la paz.
De esta comisión hacen parte Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE); Elizabeth Úngar, exdirectora del Observatorio Congreso Visible; Alberto Yepes, consejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, fundador y director del Departamento de Sicología Social de la Universidad Javeriana y consultor de la división electoral de las Naciones Unidas; Juan Carlos Rodríguez-Raga, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y codirector del Observatorio de la Democracia de esa misma universidad, y Salvador Romero, exdirector del Centro de Asesorías y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Trámite difícil
Los presidentes de las comisiones primeras del Congreso, en donde se deberán tramitar todos los proyectos, senador Carlos Fernando Motoa y representante a la Cámara Telésforo Pedraza, expresaron que no es buena idea tramitar la reforma política dentro del mecanismo de la vía rápida.
El senador Motoa asegura que el Gobierno debe precisar cuáles son los temas que espera llevar, y no decirlo de forma general, como lo hizo el ministro. “Puede tener una interpretación muy amplia”, expresó, tras recordar que lo que ya se tramita por vía rápida en normas electorales son la creación del partido de las Farc, el Estatuto de la Oposición y la ley que da vocería a representantes de esa guerrilla en el Congreso.
“No es expresamente lo que se ha establecido; si esa es la intención, convoquemos una constituyente”, advierte el senador, que considera que temas como la eliminación de la Vicepresidencia (la cual no comparte) y la ampliación a cinco años del mandato presidencial, deben tener una mayor discusión, como también la obligatoriedad para los partidos de presentar listas cerradas.
Motoa recuerda que hace dos años, en el marco de la reforma del Equilibrio de Poderes, se presentaron y se debatieron puntos como el voto obligatorio, las listas cerradas y hasta la inhabilidad que se quería imponer a la figura del vicepresidente.
El representante Pedraza agrega que por el momento la vía rápida se está usando para temas directamente referidos con la implementación, pero, de acuerdo a lo que presentó el ministro Cristo, en este caso “hay muy pocos temas que hacen parte de esa implementación”.
El presidente de la Comisión Primera de la Cámara sostiene que es fundamental que la misión electoral termine pronto su informe, para que se socialice y sea concertado en el Congreso.
Es tal la preocupación que esta reforma ha generado, que el propio jefe negociador del Gobierno en la mesa de La Habana, Humberto de la Calle, se separó de la idea de que se pueda discutir en las sesiones de la vía rápida.
“Ese instrumento tiene que ser usado con mucho cuidado, hay unas ideas sueltas de reforma política; lo que yo recomendaría es que no podemos usar desbordadamente ese mecanismo, tenemos que ser estrictamente rigurosos en utilizarlo exclusivamente para aquello que se deriva de lo acordado”, indicó el exjefe negociador de paz, de quien se asegura que está en las ‘primeras de cambio’ para aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.
Desde las Farc también se advirtió del riesgo. El exnegociador Carlos Antonio Lozada dijo: “Lo que consideramos es que a través del ‘fast track’ es necesario llevar al Congreso la esencia de lo que está acordado en La Habana, de manera que se garantice la implementación de los acuerdos. No vemos conveniente llevar otra serie de iniciativas, que de alguna u otra manera pueden generar mal ambiente o distraer el esfuerzo que debe tener el Congreso en materia de normalización y desarrollo que deben tener los acuerdos”.
Participación en política
Este fue uno de los primeros puntos que lograron pactar durante la negociación el Gobierno y las Farc y se fundamentó en tres pilares. Se señaló que, tras la terminación del conflicto, se hace necesaria la inclusión política de nuevas voces y partidos, a los cuales se les deben dar todas las garantías de transparencia y equidad en las reglas del juego.
Para promover el pluralismo y la inclusión política, se pactó que por un periodo de transición se crearán 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en las regiones más golpeadas por el conflicto.
Una segunda idea es que la consolidación de la paz requiere de una mayor participación ciudadana, como lo contempló el espíritu de la Constitución de 1991. Ese fortalecimiento de la participación ciudadana pasa también por apoyar a las organizaciones sociales, como expresiones organizadas de diferentes intereses de la sociedad, que también juegan un papel importante en la construcción de la paz, incluso cuando se oponen, por medio de la protesta, a las políticas del Gobierno.
La tercera idea es que la condición básica para consolidar la paz, por medio del ejercicio de la democracia, es que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas.
