El asesinato de líderes sociales del movimiento Marcha Patriótica el pasado fin de semana en el país encendió las alertas sobre los riesgos que tienen los movimientos políticos alternativos y sacó a relucir las amenazas contra el proceso de paz por parte de, al parecer, paramilitares.
Tan sólo este fin de semana fueron asesinados tres líderes y otros dos sobrevivieron a atentados en su contra en hechos registrados en Caquetá y Nariño. Así lo denunció el movimiento Marcha Patriótica y lo recalcaron las Farc mediante una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos.
Según las denuncias, el viernes pasado fueron asesinados en San Vicente del Caguán, Caquetá, los líderes Erley Monroy, dirigente de la Asociación Campesina de Losada-Guayabero y Didier Losada Barreto, dirigente campesino en San Juan del Losada.
En ese mismo municipio fue víctima de un atentado el señor Víctor Hugo Cuéllar.
El mismo viernes, Danilo Bolaños Díaz, miembro de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan) sobrevivió a un atentado cuando viajaba hacia el municipio de La Unión.
El pasado sábado fue asesinado Rodrigo Cabrera, en la vereda Rosales del municipio de Policarpa, Nariño, cuando se dirigía a su casa. Cabrera era agricultor, líder campesino del corregimiento Altamira y militante de Marcha Patriótica en el departamento de Nariño.
Con su homicidio, van 124 personas asesinadas del movimiento Marcha Patriótica en los últimos cuatro años.
Al respecto, el ministro Juan Fernando Cristo dijo que "preocupa enormemente la forma como puede afectar la implementación del posconflicto y el desarrollo del proceso de paz en departamentos como el Caquetá". Además condenó los homicidios y dijo que el Presidente convocó a una reunión para adoptar las medidas pertinentes.
En diálogo con W Radio, el ministro Cristo manifestó que las autoridades están trabajando en evitar la estigmatización del trabajo de líderes sociales del país, y se están investigando las causas de cada uno de los casos.
"No hay duda que hay enemigos del proceso de paz en varias regiones del país, dispuestos a generar incertidumbre, un clima que sin duda alguna afecta a la población, especialmente a líderes sociales y comunitarios que hacen su tarea en territorios que tradicionalmente han sido afectados por el conflicto", manifestó.
La Unidad de Víctimas se sumó a las voces de rechazo gubernamentales y a través de un comunicado manifestó que los atentados “ponen de presente la necesidad de implementar urgentemente los acuerdos de paz alcanzados con las Farc, para consolidar las garantías de no repetición por las que la unidad vela, como parte de la reparación a las víctimas”.
