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Sábado, 1 Abril 2017 - 12:01am

Situación de los negocios en 1951

La primera razón que se argumentaba era la aguda escasez que se venía presentando.

Por la época de la mitad del siglo pasado, era deber de las Cámaras de Comercio de Colombia, rendir mensualmente al Ministro de Fomento un informe detallado de la situación comercial y económica de la región bajo su jurisdicción. Desde que se estableció esta obligatoriedad, la Cámara de Comercio de Cúcuta, fue muy cumplida en su presentación, además de divulgarla de manera masiva a través de los principales medios que se disponía entonces. En este año, la junta directiva presidida por el connotado dirigente liberal Nicolás Colmenares, remitió al Ministerio de Fomento un informe en el que se  hacía un pormenorizado análisis  en tres  temas. En primer lugar se puntualizaba la situación general de los negocios de la ciudad y se planteaban algunas de sus posibles causas. En segundo término, se solicitaba la reglamentación de la profesión mercantil y en última instancia se esbozaba la angustiosa situación de los cafeteros de la zona. En cada uno de estos escenarios se examinaban las incidencias que existían al respecto y se solicitaba la intervención decidida del ejecutivo, que generalmente no atendía, por razones de fácil comprensión, debido en parte a la precariedad de sus recursos y también, por la falta de interés y de presión política.

En los principales apartes del documento se lee que “las transacciones comerciales registraron el mismo estado de quietud que reseñamos en nuestro anterior informe reglamentario, paralización que es debida principalmente, a la carestía de los artículos esenciales y a la insuficiente capacidad adquisitiva de los consumidores.” Como puede observarse, dos eran las causas atribuidas a la “recesión” de que hablaba el informe, como eran la carestía y la baja capacidad adquisitiva de la población. En el primer caso, el examen que hacía la institución se basaba exclusivamente en múltiples factores externos entre los que se argumentaban, la aguda escasez de los mencionados artículos esenciales. Este caso particular tenía su origen en las dificultades propias de las empresas en normalizar su producción en la etapa del post-conflicto que apenas comenzaba a superarse tanto en los Estados Unidos y en Europa tras el fin de la Segunda Guerra. Hay que recordar que buena parte de los insumos requeridos, tanto en los hogares c
omo en la industria, provenían de esos países,  que apenas comenzaban a recuperarse de la ruina que había quedado tras su terminación. 

Ante esta perspectiva, el informe continuaba, “al mencionar los altos precios de las mercancías, como factor determinante en el descenso de las ventas, creemos conveniente y necesario advertir que tales alzas no deben imputarse a la indebida especulación del comercio distribuidor, sino a factores de muy diversa índole, que están fuera de su control.” Dicho en otras palabras, los comerciantes se lavaban las manos por la situación de mengua que estaba sufriendo la región y prefirieron achacarle las causas a varios factores que enumeraron en su informe y que pudiéramos atribuirle a varios factores, todos ajenos a su actividad o exógenos como le decían en la Venezuela de Chávez y Maduro. La primera razón que se argumentaba era la aguda escasez que se venía presentando y que como se dijo era un ingrediente externo, fuera del alcance tanto del gobierno como del sector privado. Como consecuencia de lo anterior, se generaba un aumento progresivo de los precios en los mercados de abastecimiento. Otra de las quejas frecuentes lo constituían los problemas con el trasporte que se resumía en los frecuentes paros y al saqueo y deterioro de las mercancías en los puertos marítimos y fluviales, así como en los diversos trasbordos que debían cumplirse a lo largo de las distintas rutas hasta sus destinos finales. A esto le sumaban los altos gravámenes que debían pagarse por los productos que en algunos casos recargaban hasta el 300% al costo de la mercancía. Por otro lado estaban los altos costos de arrendamiento de los locales destinados al comercio, las nuevas prestaciones sociales a los trabajadores, que se habían decretado a comienzos del año y a la multitud de nuevos impuestos directos e indirectos, -no se especifican con exactitud cuáles, así que deducimos que se trataba de darle un peso más llamativo a estos elementos. En este punto se incluía, además de los impuestos, la reclamación por el alza permanente de los servicios públicos y de los tributos municipales, particularmente los de industria y comercio. En lo referente a la actividad comercial, la Cámara de Comercio de la ciudad, informaba sobre las continuas alzas que las fábricas manufactureras del país les fijaban a sus artículos, precisamente cuando en esos días acababan se fijar una nueva alza que fluctuaba entre el 15% y el 20%. Finalmente le informaban al ministro  sobre “el exceso de intermediarios  en la distribución de los bienes de consumo, que ocasionaba un considerable recargo en los costos de distribución, con directo perjuicio para el consumidor.”

Por las razones que antes exponían, solicitaban que si se quería propiciar un reajuste favorable en el precio de las mercancías, se debía adoptar “de inmediato, las siguientes medidas: suprimir el recargo ad valorem en las importaciones; rebajar la tasación específica del nuevo arancel aduanero; reconstruir y reparar las carreteras y caminos nacionales; responsabilizar a los trasportadores, para evitar el saqueo y deterioro de los cargamentos, impedir el abuso de los arrendadores de inmuebles destinados al comercio; reducir el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores, en armonía con las reales posibilidades económicas de las empresas comerciales; reducir la política tributaria del país a las mínimas exigencias de los servicios públicos esenciales y finalmente, dejarle al comercio especializado del país, la distribución exclusiva de los bienes de consumo.”

En un segundo punto, solicitaban la reglamentación de la profesión mercantil, “conforme ya lo ha hecho el gobierno con las demás profesiones liberales, exigiendo requisitos mínimos de honorabilidad, capacidad y competencia a todas las personas que pretendan dedicarse a la profesión, para así garantizar una adecuada y correcta prospectación(sic) en el giro de los negocios.”

El informe terminaba con la angustiosa descripción que hacían de la situación de los caficultores, especialmente por la carencia de recursos para atender la próxima recolección, razón por la cual estaban solicitando la intervención del ejecutivo para que intervenga ante la Federación de Cafeteros en el otorgamiento de préstamos y subsidios con el fin de evitar pérdidas en la cosecha. Sin embargo, de todos era conocido que buena parte de la cosecha de café se llevaba a Venezuela en lo que se llamó “contrabando de extracción”, término aplicado hoy en ese país para denominar los productos subsidiados a inundan las calles de la ciudad.

Gerardo Raynaud D. | [email protected]

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