Un estudio de la frontera colombo-venezolana dice que las causas reales del cierre de frontera de 2015 se deben a la escasa inversión social y la débil institucionalidad de los estados.
Estos factores provocan el auge de la informalidad como principal opción de trabajo, pasos ilegales para el contrabando y la diferencia notable de modelos políticos y económicos de ambos países.
Marina Sierra, profesora de la facultad de ciencias empresariales de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), expuso estas conclusiones preliminares del estudio Impactos socioeconómicos del cierre de la frontera colombo-venezolana: De frontera costura a frontera fractura.
Aunque el análisis aún no está finalizado, estudia las implicaciones sociales, políticas y económicas que generó el cierre de frontera del 19 de agosto de 2015.
Para Sierra, la ausencia de reglas del Estado para formar y mantener instituciones fuertes que mantengan el orden en la frontera, “entendida como un problema de anarquía doméstica”, es la principal causa del deterioro de las relaciones binacionales.
Aunque el gobierno venezolano argumentó que el cierre se debía a la permanencia ilegal de miles de colombianos en Venezuela, acusados de paramilitarismo, y al contrabando de productos de la canasta básica, esas razones son “una cortina de humo para la realidad fronteriza”.
“A pesar de las riquezas, las fronteras son las más olvidadas por los gobiernos (de Colombia y Venezuela)”, dijo. “Un espacio agrícola muy olvidado es Herrán y Ragonvalia, y uno muy afectado por los grupos delincuenciales es el Catatumbo”.
Además, el cierre de los puentes incrementó el paso por las 86 trochas que facilitan corrupción, contrabando y violación de derechos humanos, y las decisiones políticas fracturaron lazos históricos que los habitantes de la frontera cocieron por décadas.
Mientras el gobierno venezolano acusa a los colombianos de sembrar inseguridad por el paramilitarismo y de la escasez de productos por el contrabando, algunos colombianos señalan a los venezolanos del incremento de la inseguridad en las calles de Cúcuta y otras ciudades.
Mientras los gobiernos buscan resolver con decretos los conflictos fronterizos, la gente depende de una economía inestable.
Falta de acompañamiento
Según Sierra, la declaratoria de emergencia económica y social para atender la crisis humanitaria por la deportación de colombianos solo fueron normas transitorias que no responden a los efectos económicos y sociales que marcan la frontera.
“La falta de acompañamiento real de los políticos nacionales, regionales y municipales en los decretos, no ofrecen soluciones reales a los habitantes de frontera”, expliucó Sierra.
Agregó que pese a tener políticas públicas, como el Plan Fronteras para la Prosperidad y el Conpes 3805 de 2014, no se crean entornos que mejoren el desarrollo económico.
“La frontera y sus habitantes son víctimas de dos gobiernos que no se preocupan por los efectos económicos en la frontera por eso la academia debe estudiar la parte humana de la frontera”, dijo Sierra.
Angélica Rojas | Practicante de periodismo
