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Sin salida

En el 2016 se atendieron 2.300 pacientes venezolanos y en los tres primeros meses de este año ya van 900 atendidos.

La tan anunciada crisis que podría generarle a Cúcuta la llegada masiva de venezolanos buscando mejor acceso a la salud, a la comida y a un trabajo mejor pago, está empezando a hacerse realidad. 

Uno de los sectores más afectados es el de la salud. A las ya golpeadas finanzas del hospital Erasmo Meoz, acosadas por las millonarias deudas que tienen las EPS, se ha sumado un rubro importante por cuenta de la gran cantidad de venezolanos que llegan a urgencias demandando atención prioritaria. Al ser un derecho fundamental, no puede negarse la atención; pero una vez son dados de alta, la mayoría de los pacientes no tiene cómo cancelar las cuentas, lo que está asfixiando al centro médico. 

Según las cifras del gerente, Juan Agustín Ramírez, en el 2016 se atendieron 2.300 pacientes venezolanos y en los tres primeros meses de este año ya van 900 atendidos, lo que evidencia el aumento de la demanda. Según el director del Instituto Departamental de Salud, Juan Alberto Bitar, desde agosto de 2015, cuando se cerró la frontera, las deudas del Meoz ascienden a 3.500 millones de pesos. 

Esta situación ha sido más que expuesta por las directivas de la entidad, quienes incluso llegaron a declarar la alerta amarilla por la crisis financiera que ha generado toda esta situación; pero nada de esto ha valido para que ni la Cancillería ni el Ministerior de Salud tomen cartas en el asunto y definan quién asumirá el pago pagar de las deudas de los venezolanos. 

No se trata de estigmatizar a los hermanos del vecino país –golpeados por una evidente crisis social y económica–, sino de generar una política articulada entre las instituciones para establecer unos protocolos de atención que eviten que este tipo de situaciones se presenten, generando a su vez un riesgo para los pacientes locales, quienes, ante un eventual colapso del Meoz se verán seriamente afectados.  

A este complicado panorama, se suma el precedente sentado la semana pasada por la Corte, en el que obliga al Estado a proteger a los migrantes venezolanos –puntualmente a las prostitutas– que lleguen a territorio colombiano sin documentación. En vez de deportarlas, las autoridades tendrán que acompañarlas en el trámite de solicitud de los documentos correspondientes para permanecer bajo la legalidad en territorio colombiano. 

Ante esta sentencia, cabe preguntarse si  estas órdenes de la Corte tendrán que cumplirse también frente a los  venezolanos en general, que como bien lo demuestran las cifras del Erasmo Meoz, ya están llegando en masa a esta ciudad.

¿Garantizará el gobierno nacional al departamento y al municipio los recursos que necesita para atender a toda esta población flotante? 

Cuando la Corte legisla en términos como estos en los que asegura que cualquier autoridad con competencia en el asunto debe procurar que los migrantes sean protegidos de forma plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para permanecer en el territorio colombiano y, de ser el caso, ser calificados como refugiados, abre la puerta para que, pronto, Cúcuta se vea obligada a brindar atención permanente a todos los que lleguen del país vecino, tengan o no papeles. 

Nunca está de más servir de apoyo a la población de un país hermano que realmente lo necesita, pero vale la pena preguntarse ¿estamos realmente en capacidad de hacerlo? ¿cuentan Cúcuta y Norte de Santander con los recursos para ofrecer todas esas garantías? La respuesta es más que obvia.

Domingo, 23 de Abril de 2017
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