La marcha de los guerrilleros del frente 33 de las Farc desde diferentes partes del Catatumbo para  llegar hasta la zona veredal transitoria de normalización de Caño Indio, en jurisdicción de Tibú, fue una de las más accidentadas en este proceso que debe culminar con la desmovilización y entrega de las armas de esa guerrilla para poner fin a más de 50 años de enfrentamientos y violencia.

Fueron muchos los problemas y dificultades que se presentaron y tuvieron que sortearse para su definición o ubicación territorial entre los voceros de la guerrilla, los del Gobierno y los representantes de las Naciones Unidas. También, en los aspectos relacionados con la sustitución de cultivos, la seguridad de la guerrillerada y los problemas de logística o adecuación física de la zona.

Cuando se pudieron superar esos problemas la marcha hacia Caño Indio tuvo interrupciones que hicieron temer lo peor. Se denunció la presencia de hombres armados ajenos a la guerrilla, que podrían tratarse de paramilitares o reductos del Epl, el grupo armado que por muchos años lideró alias Megateo en zonas clave del Catatumbo.

Luego hubo denuncias sobre la llegada de bandas criminales y grupos del Epl a las zonas y territorios que dejaron las Farc. Hace apenas unos días, dirigentes de la comunidad barí también hicieron graves denuncias en el mismo sentido.

A raíz de los recientes hechos de violencia registrados en Convención, Hacarí, El Carmen y San Calixto, las denuncias se volvieron a presentar, agravándose la situación con el secuestro de don Cristo Humberto Contreras Uribe, padre del alcalde de El Carmen,  y el ataque a la comitiva del gobernador William Villamizar, el pasado viernes.

Las autoridades militares han desmentido en forma rotunda los hechos sobre la presencia de paramilitares o grupos del Epl en las zonas dejadas por las Farc, pero la verdad es que hay preocupación en las comunidades porque son las que están viviendo el problema en carne propia.

En el ataque a tiros del pasado viernes a la comitiva del gobernador en su visita a la provincia de Ocaña cuando se dirigía por la carretera entre El Carmen y Ocaña, el mandatario y sus acompañantes resultaron ilesos, pero dos policías sufrieron algunas heridas.

Es lamentable que el gobernador y los mandos del Ejército en la región hayan entregado versiones discrepantes sobre la oportunidad y el medio de transporte adecuado para esa visita. Ya en una anterior oportunidad, al mandatario seccional lo habían alertado sobre la inconveniencia de viajar a Convención por razones de seguridad. A la Gobernación y a los mandos del Ejército y la Policía les corresponde un trabajo coordenado y responsable, pues la situación de violencia e inseguridad en el Catatumbo, como en Cúcuta y el resto del Departamento es de una preocupante gravedad. 

Queda la amarga sensación de si el gobernador no puede desplazarse por nuestros pueblos y veredas, qué le espera al ciudadano de a pie, que no tiene escoltas ni vigilancia especial.  

A raíz del secuestro del padre del alcalde de El Carmen y el ataque armado a la comitiva del gobernador el pasado viernes, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha señalado como posibles responsables a la guerrilla del Eln. Debe tener serios indicios para decirlo y si es así, corresponde al Gobierno Nacional tomar decisiones sobre la conveniencia o no de proseguir las negociaciones de paz con esta guerrilla que se adelantan en Quito.

Lo primero que debe exigirse en forma terminante al Eln es la liberación del padre del alcalde de El Carmen y la cesación inmediata de sus acciones violentas en Norte de Santander y en el resto del país.