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Martes, 18 Abril 2017 - 1:00am

¿Dónde estamos?

El Estado no está en capacidad de garantizarles la seguridad y la integridad física a los camioneros, si no van dentro de las caravanas.

Escenas de largas caravanas de camiones escoltadas por soldados y policías fueron frecuentes en los tiempos más duros de la guerra con las Farc y el Eln, y se suponían arrojadas para siempre al tarro de la basura de la historia colombiana.

Pero, lamentablemente, esa no es una realidad actual, no al menos en Norte de Santander, y más concretamente en Cúcuta y sus alrededores, lo que lleva a que se piense en varias cosas, todas dolorosas e inquietantes, a la vez.

Una de ellas, que la guerra sigue, ya no con las Farc, que desaparecieron, y otra, que los organismos de seguridad siguen siendo igual de incapaces de ganarla, como ya se aceptó en los prolegómenos del proceso de diálogo en La Habana.

El hecho de que las autoridades, todas, de Norte de Santander y de Cúcuta hayan establecido un plan que limita el viaje de camiones de carga por las carreteras rurales de Cúcuta, indica que en la zona hay un poder enemigo mayor que el del propio Estado.

No se trata de las Farc. Muy posiblemente tampoco del Eln. ¿Serán algunas de las que el Gobierno llama bandas criminales, es decir, delincuentes de baja laya organizados para llevar y traer mercancías de contrabando, al precio que les toque?

Es lo más probable. Automovilistas que se han aventurado por la carretera Cúcuta-Puerto León-Agualasal-Astilleros han sido parados por hombres armados con rifles de guerra, y amenazados si no abandonan lo más pronto la región…

Cartel del golfo, Pelusos o quienes sean, están allí. Son dueños del territorio y como tales lo gobiernan. Imponen condiciones, cobran peajes, deciden quiénes pueden o no transitar por las vías, impiden el paso hacia donde no les conviene…, y todo, a pocos kilómetros de Cúcuta.

Se trata de una zona a la que la Policía jamás se atreve a ir, según explican los campesinos, y la prueba está en que, con el cierre del puente Ospina Pérez, en El Zulia, los vehículos pesados que circulan entre Cúcuta y Ocaña o Tibú, tendrán que ir en tres caravanas diarias escoltadas por la fuerza pública.

No está prohibido que cualquiera tome carretera y viaje, pero no se responde por la seguridad y la integridad del osado conductor que vaya solo.

Significa que el Estado no está en capacidad de garantizarles la seguridad y la integridad física a los camioneros, si no van dentro de las caravanas; quiere decir que el poder armado ilegal en la zona rural del noreste de Cúcuta es superior al que  tiene el Estado.

Así, cabe preguntar ¿en dónde vivimos realmente los cucuteños, que a pocos kilómetros del centro corremos todo tipo de riesgos?

Desde hace algún tiempo existe la convicción de que el Estado recuperó los territorios fronterizos que estaban en manos de las mafias de contrabandistas y de narcotraficantes, y que el paso ilegal de mercancías como carne y combustibles se redujo a la mínima expresión.

Ahora, con la decisión de las caravanas, todo queda negado. No estamos en paz, no ha terminado la guerra, estamos bajo el mandato de los criminales armados y organizados para defender el delito fronterizo.

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