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Descaro

La detención de Prado ocurre  en uno de los momentos de mayor desconfianza hacia mandatarios y funcionarios públicos por parte de la ciudadanía.

La sorpresa fue protagonista el viernes pasado en Ocaña, por cuenta del operativo exprés que terminó con la detención de la alcaldesa de ese municipio, Miriam Prado y sus secretarios de Gobierno y de Tránsito.

El CTI de la Fiscalía procedió a detener a los funcionarios tras encontrar fundamentos que indican que incurrieron en celebración indebida de tres contratos y en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El asunto curiosamente no tiene que ver con la suma de los contratos entregados, sino más bien con la persona a quien fueron adjudicados: Edgar Enrique Ataya Sánchez. Este hombre, según han dicho las autoridades, aportó dinero a la campaña de la hoy alcaldesa y se ganó los contratos en cuestión, otorgados para prestar apoyo técnico y tecnológico a la Secretaría de Movilidad y Tránsito, para el manejo del control del sistema de gestión de comparendos y de recaudo de las fotomultas.

Un segundo contrato suscrito con Ataya era para prestar servicios profesionales y apoyo técnico a la misma secretaría.

En su investigación, la Fiscalía encontró, además, que el proponente no contaba con la experiencia requerida para quedarse con los contratos y que el margen de utilidad que arrojaría, que oscilaba entre el 15 y el 25 por ciento, era exagerado.

La detención de Prado ocurre  en uno de los momentos de mayor desconfianza hacia mandatarios y funcionarios públicos por parte de la ciudadanía, hastiada de los episodios de corrupción que día a día salen a la luz pública para recordar que en Colombia la honestidad y la rectitud son valores en vía de extinción.

Casos como el de La Guajira, que completa tres mandatarios capturados y destituidos, el más reciente por irregularidades en la celebración de contratos de alimentación escolar, o los escándalos de Odebrecht, Reficar, Interbolsa, el desfalco de las libranzas, entre muchos otros, demuestran la degradación que han alcanzado los funcionarios públicos y son una prueba de la inmensa necesidad que tiene este país de generar un cambio que ayude a extinguir las prácticas que ha impuesto el ejercicio de la política.

¿En qué momento se le ocurrió a la alcaldesa Prado entregarle contratos a uno de sus financiadores? ¿Pensó, quizás, que nadie se atrevería a denunciarla o investigarla? Ignorancia o descaro?

Gran parte del problema que afronta el país por cuenta de la corrupción tiene que ver con esa aura de intocables que arropa a muchos funcionarios públicos, quienes creen que por serlo, tienen carta blanca para manejar los recursos de todos a su antojo, sin el más mínimo respeto por las normas y leyes.

En el caso de Ocaña, una denuncia motivó la investigación que hoy tiene a esta mandataria ad portas de la cárcel, pues los delitos que le endilgan acarrean penas de hasta 5 años.

El suyo, sin embargo, no es el único caso de funcionarios públicos de Norte de Santander que han sido requeridos por la justicia recientemente, por cuenta de las irregularidades en el manejo de los recursos del Estado.

A mediados del año pasado, la alcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión, también por contratar sin el lleno de los requisitos legales. Aunque la mandataria está a la espera del fallo de segunda instancia, desde junio de 2016 se encuentra bajo prisión domiciliaria.

Comenzando 2015, la Fiscalía también le imputó cargos a la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, por los delitos de prevaricato y peculado por apropiación, por un reajuste pensional que fue pagado a trabajadores del municipio, sin que fuera procedente. El proceso en su contra se encuentra en la etapa de juicio.

El director seccional de Fiscalías, César Rojas, ha dicho que así como el de Miriam Prado y los dos miembros de su equipo de gobierno, son varias las investigaciones que hacen curso en ese organismo, no solo contra gobernantes, sino contra funcionarios que de una u otra manera tienen a su alcance el manejo de dineros públicos.

Si a eso se suman las iniciativas ciudadanas que buscan, a través de distintos mecanismos, revocar a algunos mandatarios o derogar acuerdos aprobados que han sido ampliamente cuestionados, quizás el 2017 termine siendo uno de los años más negros para la función pública.

 

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Sábado, 18 de Febrero de 2017
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