La crisis política y económica de Venezuela cuesta caro a las empresas estadounidenses que han invertido fuertemente en ese país, como lo prueba la reciente expropiación por el gobierno de Nicolás Maduro de una fábrica de General Motors.
El principal constructor de automóviles de Estados Unidos, presente en Venezuela desde hace 69 años, despidió a raíz de esa medida a sus 2.700 empleados. La planta, ubicada en la ciudad de Valencia, estaba de hecho paralizada al no poder colocar su producción en un país sumergido en el caos.
La planta de la papelera estadounidense Kimberly-Clark fue ocupada a su vez en julio pasado y debió pasar a pérdidas unos 153 millones de dólares como consecuencia de sus operaciones venezolanas.
Lo mismo le sucedió a la empresa alimentaria Mondelez, que en 2016 inscribió una carga de 778 millones de dólares para sacar de sus cuentas sus actividades en el país caribeño. La firma sigue comercializando en Venezuela las galletitas Oreo pero ya no logra contabilizar sus ventas.
Pepsi, finalmente, inscribió una carga de 1.400 millones de dólares en octubre para enfrentar eventuales pérdidas.
La caída continua de la cotización de la moneda venezolana, la hiperinflación y la desorganización del país hacen que estas multinacionales no puedan calcular con precisión sus ingresos en el mercado venezolano.
El país sudamericano había sido considerado durante mucho tiempo como un paraíso por las empresas estadounidenses.
La abundancia de petróleo, la existencia de una clase media alta y la proximidad geográfica lo convertían en un mercado potencialmente muy lucrativo.
Sin embargo, las relaciones entre Washington y Caracas se fueron deteriorando progresivamente. En veinte años, las compras de petróleo venezolano cayeron en más de 50%, aunque siguen siendo una fuente vital de divisas para el Estado caribeño, prácticamente en bancarrota.
Washington ha sido acusado directamente por Caracas de estar detrás de las protestas opositoras desde la época del predecesor de Maduro, Hugo Chávez.
