Una noticia que pasó un poco desapercibida, pero que es digna de resaltar en letras mayúsculas, fue la que protagonizó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, que asumió hace algún tiempo el manejo de esa dependencia, cuando era catalogada con altísimos niveles de corrupción, hasta el punto de figurar en el puesto número 78 entre las más corruptas y ahora la ha colocado en el puesto 7, llegando al grupo de las menos corruptas, y de paso saltándose 71 puestos en esa medición que hace Transparencia por Colombia.

Aquí es en donde es posible comprobar que cuando existe voluntad política, determinación en las acciones y carácter para asumir compromisos, es posible obtener resultados extraordinarios como el que en este caso se exhibe.

La corrupción campea porque no hay dirigentes con suficiente personalidad, porque se facilitan las cosas, porque existe coparticipación, porque no se implementan medidas radicales y valientes para atacar el flagelo y porque la justicia suele ser demasiado lenta.

Nos hemos acostumbrado a contemplar toda clase de hechos bochornosos, cada vez más aterradores, en donde se comprometen sumas de dinero que nadie había llegado a sospechar; y como un escándalo tapa otro, pues seguimos en un carrusel que no para nunca pues la evidencias resultan aparecer demasiado tarde, cuando el dinero se ha ocultado definitivamente y cuando los responsables simplemente manifiestan que no tienen como reponer.  

Lo ocurrido en el Bienestar Familiar, vale la pena analizarlo, pues constituye un modelo en donde es posible comprobar que cuando existe voluntad política, es posible atajar ese terrible monstruo de mil cabezas que está siempre dispuesto a atacar cada vez que una ventana se abre para que los corruptos entren y se paseen a sus anchas.

El ataque a la corrupción debe ser una política de Estado de primer orden, y a ello deben contribuir eficientemente los partidos políticos, para que se le pueda cerrar el paso a todos aquellos que quieren ver la cosa pública como un botín, y no como una oportunidad de servicio y de desarrollo profesional.

Todas las entidades públicas deben establecer instrumentos de medición sobre la efectividad de sus recursos y generar herramientas que permitan comprobar la eficiencia de esas políticas.

Sorprende una noticia reciente en donde se dice que la mayoría de las gobernaciones y alcaldías de Colombia apelan a la contratación directa en el 75% de los casos. Con compuertas como esta, todo lo que se diga es basura.