Con la multitudinaria marcha ciudadana del sábado, el presidente Juan Manuel Santos quedó notificado, por estrado, de que el pueblo rechaza cada una de sus innumerables mentiras y acciones de Gobierno, que han minado la estabilidad de la democracia y sus instituciones. Los guarismos reflejados en las recientes encuestas de opinión sobre la lánguida favorabilidad del primer mandatario coinciden con el descontento expresado por los colombianos en todos los rincones de la patria y fuera del país también, en esa movilización histórica. 

Santos es una especie de “Juan Charrasquiado”, al que solo los suyos recuerdan con cariño (léase “Martincito” y compañía). Nadie más lo quiere y eso está perfectamente claro: la ciudadanía lo abomina, lo desprecia. Como evidente resulta también que no hay Santistas por convicción, sino “enmermelados”, que saltarán del barco del desgobierno que zozobra, una vez se acaben la plata, los puestos y contratos. 

Por primera vez en muchos años, después de las manifestaciones populares que obligaron a renunciar al general Gustavo Rojas Pinilla, el pueblo soberano se lanza a las calles, como un mar de gente, indignado y molesto, como debe ser, a pedir la dimisión de Santos, después de siete años de mandato, que sin duda serán recordados como los más oscuros y nefastos: la economía está arruinada; la inseguridad, desbordada; los impuestos son impagables; nuestros campos están inundados por un mar de coca, la deuda externa casi se ha duplicado, y la corrupción (el peor de todos los flagelos) hizo metástasis. 

Nada tiene para mostrar el Gobierno corrupto de Santos, más que un proceso de paz, en el que los ilegales no se han desmovilizado y en el que los niños reclutados para sus filas no aparecen reportados; amén de que los guerrilleros ahora dicten cátedra sobre la moral y cuenten con territorios propios vedados para la Fuerza Pública y el Estado. 

Ese el “gran legado” de un gobernante que antepuso su “acomplejado ego” a la salud de la República. Es el mismo Nobel de paz que se muestra ante el mundo como un demócrata y con una paloma en la solapa, mientras que en Colombia persigue y encarcela a sus detractores, cargando sobre sus hombros un ave de carroña vengativa y nefasta. 

Santos y su combo de “impolutos” han conducido a la República a un sitial lamentable y vergonzoso. Le corresponde al pueblo soberano poner las cosas en orden. Ya una vez fuimos burlados cuando el régimen desconoció olímpicamente el resultado del plebiscito de octubre, en el que más de seis millones de colombianos le dijimos “NO” a un acuerdo de paz que arrodilló a la institucionalidad ante los pies de la subversión. Eso no volverá a ocurrir, y debemos defender el derecho a un gobierno decente, ofrendando nuestras propias vidas, si es menester. 

La reacción popular hizo recular a la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, en su intento por anular los poderes constitucionales y legales de la Asamblea Nacional. Lo propio ocurrirá en Paraguay ante el artero asalto a la democracia que pretende el mafioso presidente Cartes: el pueblo guaraní está encojonado y con razón. 

Los colombianos no podemos quedarnos atrás y debemos entender que tenemos una responsabilidad histórica con la patria que habremos de dejarles a nuestros hijos. Acudamos a cuantas marchas sean necesarias para revocar al indigno de Santos.