El artículo 1 de la Constitución de Colombia dice: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Un principio de una lejanía cada vez mayor a la luz de los hechos constantes que contradicen la posibilidad formulada.
El país pareciera estar atado irremediablemente a todos los factores de degradación. La violencia en sus diferentes formas es un mal recurrente con todos sus efectos devastadores. Las guerras civiles se han librado con cierta frecuencia cíclica y como disputa del poder en función de intereses banderizos o feudales, aunque ciudadanos del común fueran la carne de cañón en las contiendas. Otro capítulo de enfrentamiento cruento es el conflicto armado, tan persistente como atroz. Más la tropelía del paramilitarismo y de bandas criminales, en alianza con el narcotráfico y grupos decididos a proteger sus privilegios a sangre y fuego. La delincuencia común completa esa fuerza de protagonistas de la muerte y de agresión a los derechos humanos.
En el inventario de las adversidades nacionales el abuso de poder tiene peso aplastante. Aparece en las entidades oficiales de distintas funciones y niveles. Es corriente entre servidores públicos, lo que les proporciona beneficio particular.
La suma de esa crisis se completa con el nefasto aporte de la corrupción, que es, además, la acumulación de la abyección tejida por los avezados defraudadores de los recursos públicos. El expediente de Odebrecht, de tantas ramificaciones y tan variados protagonistas es de una densidad abrumadora. Es la radiografía de la codicia, el arribismo, la desfachatez, la irresponsabilidad y el menosprecio por la ética que predomina entre los dirigentes a los cuales se les ha confiado el manejo del país. Han hecho parte de los últimos gobiernos y desde sus cargos no tuvieron empeño diferente que el de aprovecharlos para su enriquecimiento ilícito.
Lo que queda de esa tormenta no son solamente los juicios que se siguen contra los acusados, sino también el colapso de la política. La turbidez registra niveles de desastre. Hay descalificación generalizada y son pocos los que sobrevivirán a ese terremoto.
Adicionalmente está el problema de los que gritan para ocultar sus faltas. Van a marchar pero tienen el rabo de paja más largo y por consiguiente se enredan o quedan atrapados en sus culpas. No tienen como eludir lo que hicieron.
Es evidente que hay un poder basado en la trampa. Así se ha manejado lo público. Pero se está resquebrajando. Lo que preocupa es en lo que pueda terminar esta debacle, en medio de lo cual el único signo positivo es el Acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones en Quito con el Eln.
Este país tiene que cambiar, dejando atrás las trampas y el engaño y dándole vigencia al Estado social de derecho.
Puntada
“El más hermoso don de la libertad es el derecho a ser veraz. La libertad y la verdad están allá donde reinan la paz y la justicia”. Jean de Muller
