La paz en Colombia en este último y en los anteriores diez procesos que se han realizado con diferentes grupos violentos está condenada a fracasar antes de que siquiera se firme cualquier acuerdo. Y no es por la polarización radical que se ha gestado por nuestros políticos en cabeza del propio presidente y de su principal opositor, o por la desfachatez de las Farc cada vez que se ve una luz en el horizonte, o porque se ha recurrido a todo tipo de trampas legislativas y al poder de las mayorías del Gobierno en el Congreso para aprobar a pupitrazo limpio cuanta violación se ha hecho a la Constitución y a los convenios internacionales que ha suscrito el país en cuanto a crímenes de lesa humanidad. Sin desconocer que todos los anteriores no van a permitir una paz real y duradera, la causa principal del fracaso en el pasado y en el futuro de este cacareado acuerdo con las Farc, es y será la corrupción política y todas sus nefastas mañas.
Y es que las cifras son desmesuradas: por cada 14 pesos de tributos en impuestos por cada 100, 4 se los lleva la corrupción en los diferentes niveles de la administración pública, eso significa que la tercera parte de lo que los colombianos pagamos en impuestos se lo roban descaradamente los políticos enmermelados y sus cómplices. Por eso es que el Gobierno se encuentra empeñado y, además, obligado a presentar una nueva reforma tributaria que aumente el recaudo, pero ante esta visión los colombianos obviamente se sienten estafados, asaltados en sus expoliados bolsillos y sin ninguna esperanza en el horizonte que su dinero se va a invertir en obras, educación y salud, derechos cada vez peor suplidos por el Estado corrupto.
Desafortunadamente, este Gobierno no ha sido capaz de enfrentar como se debe este monstruo, y al contrario, su impronta ha sido propiciar la corrupción en todos los niveles. Empezando por la inocultable compra de votos en la segunda vuelta de la última re elección presidencial, donde se repartió a manos llenas “auxilios” a los Ñoños de todos los pelambres. O la descarada voracidad que muestran los aliados de la “unidad nacional”, para pasar todas las leyes en el legislativo, pero siempre a cambio de auxilios y más auxilios.
Santos desaprovechó su capital político otorgado por una primera elección presidencial de más de nueve millones de votos otorgados por la confianza depositada en su antecesor, que le permitía, si hubiera tenido esa voluntad, echar por la calle del medio y gobernar sin apoyarse en tantos Gavirias, Serpas, Samperes, Barreras, Benedettis y otros individuos representativos del zoológico nacional de políticos clientelistas. Pero, simultáneamente, se embarcó en un proceso arduo y difícil con el principal grupo violento comunista de este país, el cual despierta la más visceral resistencia y rechazo en los colombianos, casi obligándonos a aceptar una serie de concesiones o “sapos” a cambio de dejar su accionar criminal para re incorporarse a la vida civil. Y ahí está el meollo del asunto: no supo equilibrar la balanza, se transmitió siempre la sensación de otorgar mucho a cambio de muy poco, quedó la sensación que el marco jurídico aprobado es injusto para el resto del pueblo colombiano y se pagó con muy buena mermelada.
Para terminar de completar el suculento menú, se avecina un posconflicto que costará cerca de 57 billones de pesos, si continúa la tendencia, la tercera parte, 19 billones, se lo engullirán los políticos de la nefasta alianza, y los nuevos políticos de Colombia, los cabecillas de las Farc. Eso quiere decir que la inversión para aliviar la inequidad, la inversión en infra estructura, en vivienda, en salud, en educación, en alimentación tendrá el mismo destino que los recursos de la alimentación de los niños guajiros, el bolsillo de los “Ñoños”.
