La Fiscalía General no solo tiene pendiente recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, para revisar si les otorga a ambos un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de contar todo lo que saben sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración Petro.
También está pendiente que sean escuchados los contratistas de los famosos carrotanques quienes recibieron 46.800 millones en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio que entregó Sneyder Pinilla hace dos días, esos empresarios le entregaron, a él, dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso; Iván Name y Andrés Calle saben la exactitud del soborno.
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En un trabajo especial de El Colombiano, se estableció que a la historia le falta dinero, nombres y hechos claves que continuarán revelándose con las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía en los próximos días. No habría sido un soborno de 4.000 millones de pesos, como dijo Sneyder Pinilla a varios medios de comunicación la semana anterior, repartidos supuestamente en 3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El soborno de este contrato, que se ganó la empresa Impoamericana Roger SAS, habría sido por $7.700 millones, que corresponden al 15 % de los $46.800 millones del total, y fueron entregados por los contratistas en tulas negras a Sneyder Pinilla.
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Aunque Pinilla aseguró que el soborno se entregó a Name y Calle (ambos congresistas lo niegan) en octubre porque se iba a usar en las elecciones locales, los empresarios aseguran que entregaron el dinero en efectivo al exsubdirector en enero de este año, lo que significa una contradicción que debe ser aclarada por la justicia.
Bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) realizó una licitación exprés, bajo las reglas de la contratación privada y sin estudios, para la compra de 40 carrotanques que, se suponía, iban a llevar agua potable a poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad en La Guajira.
La UNGRD envió una invitación de competición a tres empresas: Luket SAS, BRAND SAS e Impoamericana Roger SAS. En su orden, la primera presentó una oferta de valor por unidad para cada carrotanque de 1.087 millones de pesos; la segunda de $1.152 millones; y la tercera, que se ganó el contrato, de 1.280 millones de pesos. Aquí comenzaron las dudas.
Pese a que Impoamericana Roger SAS presentó la oferta más costosa, no pidió ningún anticipo, tampoco tenía experiencia en el sector, y su capital era de poco más de 200 millones de pesos. Estas conclusiones anómalas aparecen en un informe posterior que hizo la Contraloría General. Luego, cuando se conoció que los carrotanques estaban guardados en un parqueadero, sin ser utilizados, las conexiones no tardaron en conocerse.
Los representantes y directivos de las tres empresas que compitieron estaban conectados. Como sucede en muchas licitaciones públicas, hubo un presunto pacto para que las tres compañías simularan competir pero estaba decidido que el contrato se lo iba a ganar Impoamericana Roger SAS. Y así ocurrió.
La Ungrd hizo el pago, los carrotanques fueron comprados al tercero Kenworth de la Montaña, una empresa con sede en Medellín, y entregados a la UNGRD. Sneyder Pinilla firmó el recibimiento de los vehículos, tal como recibió la parte del soborno exigido a los empresarios que compitieron en la licitación. Y luego vinieron las delaciones de la última semana.
Los testimonios
Hasta ahora han hablado López y Pinilla. El primero lo hizo a través de su abogado, José Luis Moreno. El segundo lo hizo en voz propia y también a través de su abogado, Luis Gustavo Moreno, medio hermano del defensor del primero y el famoso exfiscal anticorrupción que fue condenado por el cartel de la toga, una gran paradoja en la historia, porque Moreno fue capturado por pedir sobornos a aforados investigados por la Corte suprema de Justicia, a cambio de que sus investigaciones por paramilitarismo o carteles como el de la hemofilia, en el caso de Alejandro Lyons, fueran archivadas o prescritas.
Hubo magistrados de la talla de Francisco Ricaurte condenados a su vez por los testimonios de Moreno, quien cumplió una pena de 4 años en Estados Unidos, en donde recibió el soborno de Lyons, y regresó a Colombia a colaborar con la justicia para luego ser dejado en libertad.
Con información de El Colombiano
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