El escandaloso caso de los carrotanques sacó a flote que se han quedado en solo palabras los planteamientos del presidente Gustavo Petro de luchar frontalmente contra la corrupción y de no permitir el abuso y la malversación con los recursos del Estado.

El país reclama que rueden cabezas. Que los dineros se pongan a salvo y que la justicia actúe con la debida prontitud para  llevar al banquillo a los responsables y luego del debido proceso aplicarles todo el peso de la ley.

Es que se trata de un hecho que tiene todos los ingredientes de la más elevada  corruptela, que nada más y nada menos salpica a los presidentes del Senado de la República, Iván Name,  y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, el uno del Alianza Verde y el otro del Partido Liberal.

Ese solo hecho ya merece que la Corte Suprema de Justicia que es la instancia encargada de los aforados, adelante las respectivas investigaciones  dentro de  los  procesos necesarios con el fin de hacer claridad sobre lo ocurrido.

Pero el círculo más cercano del presidente Petro también figura con denuncias que merecen las más profundas indagaciones, empezando por alguien que tuvo incidencia política en Norte de Santander, como es la consejera presidencial de las regiones, Sandra Ortiz, señalada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, de actuar como una especie de ‘mensajera’ para presuntamente entregarle $3.000 millones a Iván Name, en efectivo.

Deben rodar cabezas como la de esta excongresista al igual que del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, a quien según los datos de recolectados figura con posibles acciones de  presión hacia el también cuestionado exdirector de Gestión de Riesgo, Olmedo López.

Que estemos hablando de la entrega de  maletas repletas de miles de millones de pesos, pone a Colombia en un escenario de alto riesgo para el manejo de la cosa pública, que en últimas afecta la democracia y la credibilidad ciudadana en sus   instituciones.

Más que mesas técnicas u otras instancias de exótico nombre que al final del día no terminan sirviendo para nada, mientras que el cáncer de la corruptela sigue carcomiendo los cimientos del Estado, lo que se requiere es una cruzada nacional con  el compromiso del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hay que hacer un remezón y que se vaya quien tenga que irse, pero no cubiertos por el escudo de la impunidad o la protección de los ‘padrinos políticos’ sino que se forme una especie de tribunal dedicado en exclusiva a todos los hechos relacionados con la corrupción.

De otra manera seguiremos en las mismas o peor, con la teoría de que un escándalo es tapado por uno de mayores magnitudes, mientras las comunidades terminan pagando las consecuencias, sin que haya una solución real.

Lo cierto es que al gobierno del presidente Gustavo Petro le ha llegado la hora de cerrarles las puertas a aquellos hechos por los cuales dijo que llegaría a luchar desde la Casa de Nariño, pero sin embargo la sensación que tiene el país es que nada de eso se ha cumplido y, por el contrario, en lo que lleva de mandato no han cesado de ocurrir hechos de corrupción.

No debemos olvidar lo dicho por la ONU, sobre que la corrupción es un delito grave que frena el impulso económico y social, socava el desarrollo humano y aumenta la desigualdad.  

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion